BRUSELAS, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha pedido a España que suprima, por considerarla ilegal, la tasa que ha impuesto a los operadores de telecomunicaciones para financiar Radio Televisión Española (RTVE) y compensar así la supresión de la publicidad. Se estima que esta tasa iba a generar unos ingresos de aproximadamente 230 millones de euros en 2010.
La solicitud tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. En caso de que España no modifique su legislación en el plazo de dos meses, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. El ultimátum de Bruselas afecta también a Francia, en cuyo modelo de financiación de la televisión pública se ha inspirado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En ambos casos, la Comisión considera que estos "impuestos sobre las telecomunicaciones" son incompatibles con las normas de la UE. De acuerdo con estas reglas, las tasas específicas cobradas a los operadores de telecomunicaciones sólo pueden sufragar determinados costes administrativos y de reglamentación (principalmente las autorizaciones y las tareas de regulación) y deben ser objetivas, transparentes y proporcionadas. También se debe consultar oportunamente a las partes interesadas.
Sin embargo, según el análisis de Bruselas, la tasa a las telecos para financiar RTVE no está relacionada con los costes de regular el sector sino que está relacionada con la ausencia de ingresos publicitarios de la televisión pública.
La comisaria de Telecomunicaciones, Neelie Kroes, lanzó el expediente contra España el pasado mes de marzo y aseguró en aquel momento que la tasa "parece afectar indebidamente a los operadores de telecomunicaciones, pudiendo limitar sus inversiones en nuevas redes y servicios avanzados y penalizando en definitiva a sus clientes".
Desde entonces, el Ejecutivo comunitario ha recibido las alegaciones del Gobierno español defendiendo la legalidad del nuevo modelo de financiación de RTVE. Pero los argumentos de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, no han convencido a Kroes, que ha decidido seguir adelante con el procedimiento de infracción.
El nuevo modelo, que entró en vigor en septiembre del año pasado, suprime la publicidad en TVE y obliga a los operadores de telefonía a contribuir a la financiación de la televisión pública con el 0,9% de sus ingresos, a las cadenas privadas a aportar el 3%, y a las de pago el 1,5%.
El Ejecutivo comunitario archivó el pasado 20 de julio una segunda investigación que había lanzado contra el nuevo modelo de financiación de RTVE tras concluir que éste respeta la normativa comunitaria sobre ayudas públicas porque garantiza que la televisión pública "no recibirá una compensación excesiva por prestar servicios públicos de radiodifusión".
