MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Empresarial del Juego del Bingo en España ha presentado una denuncia ante el Ministerio del Interior en la que piden el "cierre inmediato" de las páginas de apuestas por Internet hasta que se apruebe una Ley del Juego Público, ya que, a su juicio, están "actuando de manera ilegal".
En el documento presentado en el Ministerio, que cuenta con el apoyo de la Federación Española de Jugadores de Azar rehabilitados y del sindicato Uni, los bingos calculan que el juego 'online' representa el 5,4 por ciento del total del mercado del juego (unos 11.000 millones de euros) y se quejan de que estas empresas, al no existir una legislación que regule su actividad, no pagan impuestos.
"En España, sólo una empresa de las muchas que realizan este tipo de juegos, ingresó 268 millones de euros en 2009 sin pagar un solo euro de impuestos", afirman la confederación en el documento. En este sentido, denuncian que la "inactividad de las administraciones para controlar el juego 'online' está causando un prejuicio enorme al juego del bingo, que paga unos impuestos que ascienden hasta el 25% de la venta bruta de las empresas".
Así, señalan que las empresas de bingo en España pagan anualmente en concepto de impuestos unos 900 millones de euros y mantienen 10.000 empleos, mientras que las empresas de apuestas por Internet "pagan cero euros al año y no mantienen empleos". Asimismo, la Asociación Nacional de Jugadores en Rehabilitación asegura que en Internet se permita "gastar enormes cantidades de dinero" a niños, adolescentes y personas que tienen prohibida la entrada en salones de juego.
IMPUESTOS, NO; PUBLICIDAD, SÍ
Por ello, urgen a la administración central y a las autonómicas a abrir un expediente sancionador contra las empresas que explotan juegos por Internet con el objetivo de impedir que estas compañías "sigan actuando de manera ilegal prohibiendo que se hagan publicidad, bloqueando los dominios que utilizan o criminalizando a las empresas que aceptan este tipo de publicidad, como sucede en Alemania".
Si el Gobierno no hace caso a su denuncia, la confederación advierte de que las empresas del juego del bingo reclamarán 194 millones de euros basándose en el Título X de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, en el que se establece que los particulares tienen derecho a ser "indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos".
El Gobierno está trabajando para presentar durante el primer semestre, coincidiendo con la Presidencia Española de la UE, un anteproyecto de Ley de Juego Público que regule el sector y, más en concreto, las apuestas por Internet. En este sentido, ha ofrecido a las comunidades autónomas una parte de lo que se recaude con esta nueva modalidad de juego.
Así, según explicó a Europa Press el director general de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Gonzalo Fernández, "las comunidades autónomas tendrían una participación de los ingresos derivados de esa nueva regulación del juego", tal y como estableció en 2007 la disposición adicional vigésima de la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
González adelantó que sólo podrán operar en Internet "empresas serias y solventes tanto económica como técnicamente". Además, señaló que estas compañías deberán "aportar una serie de garantías económicas y técnicas" y se supervisará que los operadores no permiten el "acceso a menores o gente que está excluida voluntariamente de jugar". "Todo eso se deberá supervisar", concluyó.
