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   MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -


   La tarea del Gobierno en un mercado liberalizado, como es el de las telecomunicaciones, no es el de "fijar el precio final" sino incentivar "un entorno que fomente" la libre competencia, "sin perjuicio de la garantía" de los derechos de los consumidores y la "calidad" de los servicios, según una respuesta parlamentaria escrita del Ejecutivo a la que tuvo acceso Europa Press.

   El Gobierno aclaró que en el mercado de las telecomunicaciones el establecimientos de los precios finales forma parte de la estrategia empresarial, económica y comercial de cada operador aunque, aclaró, desde la liberalización de las telecomunicaciones, tanto el derecho nacional como el comunitario, han arbitrado mecanismos para que este proceso se desarrolle en un entorno de libre competencia y "respeto" a los derechos de los usuarios.

   En concreto, los países miembros de la Unión Europea disponen de un supervisor que se encarga de vigilar las prácticas de las empresas, en el caso de España este organismo es la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), y de una autoridad reguladora que se encarga de elaborar la norma, el Ministerio.

   "Por imperativo comunitario los gobiernos han cedido a los entes supervisores nacionales, por norma general, la imposición de remedios o sanciones", explicó el Gobierno, que precisó, sin embargo, que la Comisión Europea tiene ambas facultades.

   En cuanto a las acciones emprendidas para fomentar la competencia, el Gobierno indicó que se ha llevado a cabo una asignación de frecuencias basadas en los principios de disponibilidad y en el uso eficiente del espectro radioeléctrico, se han identificado y eliminado "diversos obstáculos" a la competencia "real y efectiva" del sector y se ha posibilitado la introducción de nuevos servicios y tecnologías.

   Asimismo, el Gobierno indicó que se han establecido "importantes mecanismos" de protección de los derechos de los consumidores, como la carta de derechos de los usuarios de telecomunicaciones que, según destacó, es una "norma pionera" a nivel europeo por su ámbito de "protección y exhaustividad".