MADRID, 3 Feb. (Portaltic/EP) -
Un 31 por ciento de las PYMEs solicitan de forma habitual directamente al canal que les instale copias ilegales de paquetes de software, así lo ha anunciado Business Software Alliance (BSA) en la presentación del III Estudio de Software ilegal en el canal de venta elaborado para BSA por la consultora Gfk-Emer este miércoles en Madrid.
En opinión del presidente del comité español de BSA, Luis Frutos, aunque la venta de software pirata en el canal de distribución se ha reducido casi un 25 por ciento desde 2007 (45,9 por ciento en 2007 frente a 21,1 por ciento en 2009), lo cierto es que todavía las empresas no están concienciadas de los riesgos.
Frutos destacó que las PYME españolas son las que, en un 31 por ciento de los casos, "incitan o solicitan al canal de distribución que les de software ilegal". Esto ocurre porque las empresas no son conscientes de las implicaciones legales (un 36 por ciento) ni de los riesgos (un 64 por ciento) de la instalación en sus equipos de copias ilegales de software.
Además, BSA ha alertado de que cuando estas empresas se dirigen a un establecimiento de venta de software, sólo un 1 por ciento no lo ofrece nunca. Del resto, más de un 62 por ciento lo ofrece como primera opción, un 13 por ciento como única opción, y en torno a un 28 por ciento lo ofrece una vez las empresas se interesan en él.
En cuanto a la recomendación que estas empresas reciben de su distribuidor, casi un 91 por ciento de los establecimientos 'ilegales' recomienda al consumidor el empleo de software ilegal y, del 9 por ciento restante, cerca de un 8 por ciento lo recomienda, aunque informa de sus riesgos - datos que se han recogido de un total de 1.167 establecimientos de venta de software en España mediante el empleo del 'mistery shoper'.
Ahora bien, esta situación presenta diferentes grados en función de dos variables, el desarrollo de la comunidad autónoma a la que pertenezca el establecimiento y el número de miembros que lo componen. Así, la venta de software ilegal es muy significativa en comunidades como Asturias (44,4 por ciento) o Extremadura (38,2 por ciento) y es muy reducida en las empresas de más de cinco empleados (un 7,8%). Al contrario, en comunidades más prósperas el ratio de venta de software pirata de reduce hasta el 6,7 por ciento en el caso de Baleares y asciende hasta el 27,5 por ciento en empresas de distribución de uno o dos empleados.
A estos datos hay que añadir, además, el que, si bien la venta de software ilegal en distribuidores se ha reducido, es probable que esto se deba a un cambio de tendencia hacia la distribución por Internet.
Ante este panorama, Frutos señala que "Internet y las PYMEs son el objetivo a abordar ahora con una serie de medidas dirigidas a al gestor de las PYMEs". Y añade: "el foco a partir de ahora es no perder la situación lograda e Intentar ahora concienciar al director de la PYME de que el software ilegal sólo trae perjuicios".
LLAMAMIENTO AL MINISTERIO DE CULTURA
Por último, Frutos ha querido aprovechar el evento para "hacer un llamamiento al Ministerio de Cultura", al considerar que es un "error" que no se les haya invitado a formar parte de la Subcomisión para la nueva Ley de Propiedad Intelectual.
"Creemos que esto es un error, no sólo para la industria si no por cómo está repercutiendo el alto índice de piratería en el tejido industrial y en su competitividad", tras lo cual ha añadido que la piratería ha impedido que se crearan de 2.000 a 4.000 empleos cualificados en el sector. "En momentos como el actual es injustificable que no nos hayan llamado".
